¡AL CIELO, COFRADE!

La música que acompaña nuestra fe reúne meses de entrega y un trabajo creador que merece reconocimiento. El debate sobre los derechos de autor exige comprender qué defienden todas las partes y cuidar lo que hace posible que nuestras marchas sigan sonando.

Por Luis Martín

Documentación contrastada hasta el 11 de noviembre de 2026.

Hay marchas que un cofrade reconoce antes de que termine la primera frase. Apenas han sonado unos compases y ya está otra vez en aquella calle, esperando a una imagen, al lado de alguien con quien solía escucharla. A veces ese recuerdo duele. Otras, consuela. La procesión continúa y uno sigue allí, con algo dentro que se ha removido sin pedir permiso.

Llamarlas sones de oración tiene ese sentido para muchos de nosotros. La música acompaña la fe que aprendimos de pequeños, la que hemos conservado con dificultad o la que buscamos cuando necesitamos levantar el corazón. Hay quien reza mirando a un Cristo y quien apenas consigue apartar los ojos del rostro de una Virgen. Al lado, alguien escucha sin compartir esa fe y encuentra también belleza o memoria. La calle permite que todo eso conviva.

El músico lo vive desde su sitio. Tiene que atender al director, cuidar la entrada, dosificar el aire. Lleva horas tocando y quizá otras tantas por delante. Puede estar pendiente de todo ello y sentir, a la vez, que acompañar a aquella imagen es su manera de estar cerca, de dar gracias, de pedir por alguien. Esa intimidad rara vez aparece cuando discutimos cuánto cuesta una banda.

Ahora la polémica sobre la SGAE y los derechos de autor ha puesto un porcentaje en medio de esa conversación. Las hermandades necesitan saber qué se les puede exigir; las bandas, qué consecuencias puede tener para su actividad; los compositores, cómo se reconoce el uso de sus obras. La entidad de gestión defiende la función que le corresponde. Para entender el desacuerdo hace falta conocer sus razones y el alcance de la ley.

Escribimos desde un blog cofrade y tenemos un compromiso con nuestras bandas y hermandades. Con todas. La formación de una barriada y la que llena un concierto por el prestigio de su nombre; la corporación de un pueblo y la gran hermandad cuya salida siguen miles de personas. Sus circunstancias son distintas, pero ninguna merece que su trabajo o su devoción queden reducidos a una cifra. Defenderlas exige conocer esas diferencias y hacer valer sus razones sin inventarles una exención que la ley no les haya concedido.

En esa defensa caben también los autores. Algunas de las emociones que más hondamente sentimos ante nuestras imágenes tienen una partitura y un nombre. Olvidarlo empobrecería precisamente la cultura cofrade que queremos cuidar.

Los meses que caben en una marcha

El esfuerzo adquiere formas distintas según la formación. En una pequeña banda de pueblo o de barriada, llegar a una salida puede empezar mucho antes de abrir la carpeta de partituras. Hace falta reunir dinero para un instrumento, reparar el que todavía puede dar más de sí, completar los uniformes. Hay compras que esperan porque las cuentas no alcanzan. La ilusión va encontrando cómo seguir, con lo que aportan sus miembros, con la ayuda de las familias o con los ingresos que consigue la propia formación. Cada banda tiene su historia; las más humildes conocen bien lo que cuesta hacerla continuar.

Las grandes bandas, las de nombre conocido y trayectoria admirada, sostienen otras exigencias. El prestigio trae expectativas: hay que mantener la calidad, trabajar un repertorio y estar a la altura de lo que se espera de cada interpretación. Que suenen con solvencia puede hacer que el esfuerzo pase inadvertido. El resultado parece natural porque detrás ha habido mucho trabajo.

Su aportación alcanza, además, a quienes las escuchan para aprender. En algunos casos, otras formaciones encuentran en ellas una referencia de repertorio, de sonido o de manera de interpretar; toman ideas, estudian lo que admiran y lo adaptan a sus posibilidades. También hay hermandades que miran a otras al construir el acompañamiento de sus imágenes. Esa influencia puede transmitir cuidado y ambición artística, sin que ningún nombre conocido agote lo que vale la música de nuestros pueblos y barrios.

Después vienen los ensayos. Otra tarde. Otra noche después del trabajo o de las clases. Ese pasaje que se repite hasta que encaja y que, cuando llegue el día, quizá dure unos segundos. Durante meses se prepara algo que el público recibirá de una vez, sin conocer todas las veces que hubo que empezar de nuevo.

Hay músicos que llevan haciéndolo desde niños. Crecieron en la banda, cambiaron los estudios por un empleo, formaron una familia y siguieron buscando tiempo para tocar. En muchas casas los ensayos forman parte del calendario. Alguien acompaña a un hijo, espera su regreso, ajusta sus propios horarios; una celebración se organiza de otra manera porque ese día hay actuación. Así se comparte también una afición y, tantas veces, una devoción.

Al llegar la salida, quien se coloca detrás de una imagen querida lleva consigo todo eso. El instrumento pesa, quedan horas por delante y hay que estar pendiente de la interpretación. Pero está allí, acompañándola. Para quien cree, puede haber una oración muy íntima en ese esfuerzo, una gratitud que se expresa tocando, un nombre que se recuerda mientras la marcha sigue. Nadie desde la acera tiene por qué saberlo.

De esa entrega se habla poco.

Se comenta cuánto cuesta contratar una banda y apenas se pregunta qué permite sostener ese importe. Puede pagar transporte, local, instrumentos y la continuidad de una asociación cuyos músicos no reciben una retribución individual. Puede haber también profesionales remunerados por su trabajo. Las dos realidades merecen respeto y necesitan ser conocidas con precisión, sobre todo antes de sacar conclusiones jurídicas. Una banda que cobra por actuar puede estar llena de personas que dan gratuitamente buena parte de su tiempo. Y cobrar un trabajo musical es perfectamente compatible con sentirlo y con tener fe.

Por eso defendemos a todas las bandas. A las que están empezando y a las que han creado escuela; a las que funcionan con entrega voluntaria, a las que remuneran a sus músicos y a las que reúnen realidades diferentes. La solvencia de una formación merece consideración tanto como el esfuerzo de otra por salir adelante. Importa que puedan seguir enseñando y tocando, que la siguiente generación encuentre dónde aprender y que una trayectoria valiosa tenga continuidad.

Las hermandades necesitan la misma consideración, sean penitenciales, de gloria, sacramentales o reúnan varias de esas condiciones; tengan gran proyección o una vida más recogida en torno a su parroquia. Cada una ha de responder ante sus hermanos del uso de sus recursos. Conocer su presupuesto, su forma de organizar el acto y el acompañamiento que contrata permite hablar con fundamento de sus obligaciones. La fama de una corporación no sustituye ese examen, como tampoco lo hace su modestia.

También sería doloroso olvidar a quien escribió la marcha. El autor puso música a una dedicatoria que quizá pertenece a nuestra hermandad; encontró una forma de expresar lo que después hacemos nuestro. Nombramos el título, hablamos de la interpretación y a veces su nombre queda fuera de la conversación. Querer esa música nos compromete también a conocerlo y a respetar sus derechos.

La Asociación de Compositores de Música Sacra Procesional, Musapro, presidida por Abel Moreno, defiende esa labor creadora y la conservación y renovación del repertorio. Su voz tiene sitio en esta discusión. Lo tiene igualmente la de quienes llevan esas partituras a la calle. Se necesitan: una obra puede acompañar a generaciones porque alguien la compuso y porque otros han seguido estudiándola, interpretándola y enseñándola.

El 7 % y las preguntas que siguen abiertas

Vayamos, pues, a lo que se ha anunciado. En su explicación del 15 de octubre de 2026, SGAE comunica una tarifa del 7 % sobre el presupuesto de gastos necesarios para las actuaciones musicales, deducido el IVA, por el uso de obras protegidas de su repertorio en procesiones. La previsión de aplicarla en la Semana Santa de 2027 procede de las declaraciones de su director territorial en Andalucía, José Lucas Chaves, a Europa Press el 23 de septiembre. Entonces no concretó el primer cobro.

SGAE justifica esa referencia al presupuesto musical por la ausencia habitual de taquilla en las procesiones. Ese es su criterio comunicado para calcular la tarifa; conocerlo permite discutir su adecuación con razones concretas.

Estamos ante una tarifa de una entidad de gestión. Su aplicación ha de ajustarse a la ley; el porcentaje comunicado no es un impuesto nuevo creado por el Gobierno ni sustituye las condiciones y excepciones legales.

Según ese planteamiento, la obligación corresponde al organizador o a quien contrata la música, que puede ser una hermandad, un ayuntamiento u otra entidad. La banda que interpreta y la entidad que organiza cumplen funciones distintas, aunque una formación puede reunir ambas cuando organiza su propio acto. Abel Moreno lo expresa en una frase que recoge SGAE: «Ninguna banda de música debe pagar por tocar».

La aclaración importa. También importa escuchar lo que una banda puede temer aun conociéndola. Si una hermandad tiene un presupuesto cerrado y destina parte de él a ese gasto, podría verse tentada a reducir lo que ofrece a la formación. Es una posible repercusión que conviene prevenir, sin atribuir de antemano esa conducta a las corporaciones. La hermandad necesita cuadrar sus cuentas; la banda, seguir existiendo. Sería una mala solución ponerlas a discutir entre ellas por una cantidad cuyo cálculo todavía no comprendiesen bien.

Sobre una base de 5.000 euros, el 7 % serían 350. Esa cuenta sirve para hacerse una idea, pero no resuelve una liquidación concreta ni sus impuestos. Lo decisivo es saber cuándo procede aplicar la tarifa y qué conceptos forman la base: cómo se considera el repertorio utilizado, qué sucede con las distintas versiones de una obra o cómo se tratan las circunstancias de cada acto. Una junta de gobierno debe poder obtener una respuesta que entienda y que pueda explicar a sus hermanos.

SGAE gestiona un repertorio determinado. Esa delimitación obliga a comprobar las obras y los derechos que representa. Una marcha ajena a ese repertorio puede seguir teniendo derechos y necesitar autorización de su titular. A su vez, una composición que haya entrado en dominio público puede interpretarse mediante un arreglo con protección propia. La antigüedad de un título, por sí sola, no aclara toda su situación.

Es comprensible que tanto matiz desconcierte a quien está organizando una salida. Precisamente por eso hacen falta información accesible y procedimientos sencillos. Las hermandades conservan archivos, encargan marchas, mantienen repertorios y dan ocasión de escucharlos. Esa contribución a la vida de las obras debe estar presente al buscar una aplicación proporcionada de los derechos.

El lugar de las ceremonias religiosas en la ley

Hay una disposición que merece leerse con calma: el artículo 38 de la Ley de Propiedad Intelectual. Contempla la ejecución musical durante ceremonias religiosas sin autorización de los titulares cuando el público puede asistir gratuitamente y los intérpretes no perciben remuneración específica por esa ejecución. Son condiciones que deben examinarse conjuntamente.

Ahí existe un fundamento legal que las hermandades y las bandas tienen derecho a que se examine cuando corresponda. El carácter religioso de una estación de penitencia forma parte de lo que se está valorando y merece una consideración expresa. Una tarifa no permite pasar por encima de las excepciones que contempla la propia ley.

Ahora bien, la gratuidad para quien presencia la procesión no basta por sí sola para afirmar que todas las salidas están exentas. Tampoco puede resolverse de un golpe qué significa, a estos efectos, el pago a una asociación cuyos componentes no cobran individualmente, o cuándo una compensación de gastos constituye una remuneración específica. Hay que conocer el acto, el contrato y las condiciones económicas reales. Conviene exigir esa precisión a cualquier interpretación que se presente como indiscutible.

Sería irresponsable asegurar a todas las hermandades que deben pagar siempre. Lo sería también prometer a todas que nunca tendrán que hacerlo. Lo que podemos defender con firmeza es que cada exigencia encuentre una justificación comprensible y que los supuestos amparados por la ley sean respetados. Quien plantea una duda fundada sobre su situación merece una respuesta jurídica, sin que se cuestione por ello su respeto al compositor.

El artículo 164 de la misma ley exige tarifas claras y razonables y prevé reducciones para entidades culturales sin finalidad lucrativa. Habrá que estudiar el encaje concreto de cada entidad y de cada utilización; no se desprende de ahí una exención general para cualquier hermandad. Es otra cuestión que conviene llevar al diálogo con los documentos por delante.

La devoción ayuda a entender por qué hay personas dispuestas a dedicar tanto a una banda. En el plano jurídico, lo que decide la aplicación de una excepción son sus requisitos. Podemos hablar con emoción de lo que vivimos y, al mismo tiempo, ser rigurosos al explicar lo que la ley permite. A nuestras hermandades les hacemos un servicio cuando les evitamos falsas seguridades.

La SGAE tiene una función legítima de gestión de derechos, y los creadores tienen derecho a que su trabajo sea reconocido en los términos legales. Esa legitimidad puede convivir con preguntas exigentes sobre una tarifa, su cálculo y su aplicación. Una relación de confianza necesita que se pueda preguntar y obtener razones.

Las corporaciones están dando pasos en esa dirección. En el comunicado firmado en Antequera el 5 de noviembre, los presidentes de los consejos, federaciones y agrupaciones de las capitales andaluzas expresaron su «respeto, comprensión y reconocimiento a los compositores de marchas procesionales». Acordaron una interlocución conjunta con SGAE y solicitaron una reunión para la segunda quincena de noviembre. El documento precisa que actúan desde su vocación de servicio, sin atribuirse un papel negociador; no anuncia un acuerdo sobre el porcentaje.

Desde las sociedades musicales, Félix Ruiz González, presidente de la Confederación Española de Sociedades Musicales, ha pedido un marco «claro, transparente y jurídicamente fundamentado». La nota conjunta sobre la reunión del 7 de octubre entre CESM, SGAE y Musapro recoge su petición de precisar criterios de cálculo, supuestos de aplicación y responsabilidades. La CESM propuso incorporar a las organizaciones representativas de hermandades y cofradías al diálogo nacional.

Son voces que permiten salir del enfrentamiento fácil. Quien sostiene una sociedad musical conoce sus gastos de todo el año. Quien organiza una procesión sabe los compromisos que debe atender. El autor conoce las horas de trabajo que hay en la partitura. Sentarlos a hablar ofrece la posibilidad de que cada uno comprenda lo que al otro le cuesta mantener aquello que comparten.

Que podamos seguir escuchándola

Desde aquí pedimos que el acuerdo cuide esa continuidad y atienda las circunstancias de todas las bandas y hermandades. Una entidad debe poder comprender qué se le solicita, comprobar la base de una reclamación y hacer valer las excepciones que le correspondan. La información sobre el repertorio y los procedimientos ha de resultar accesible. A los autores les interesa conocer el uso de sus obras y cómo se efectúa el reparto. La claridad beneficia a quienes sostienen el sistema desde lugares distintos.

SGAE plantea el libro de ejecutante para identificar las piezas interpretadas y sus repeticiones. Puede ayudar a que los importes lleguen a los autores de lo que realmente ha sonado. Habrá que procurar que su uso resulte viable durante una procesión, con los cambios de repertorio que puedan producirse. También sería deseable explicar con facilidad cómo se distribuye lo recaudado y qué gastos de gestión se descuentan.

Las participaciones gratuitas, las bandas propias y los actos de distinta naturaleza necesitan respuestas expresas. Los acuerdos colectivos y las condiciones previstas para entidades culturales sin lucro pueden estudiarse como vías de trabajo. Aquí se proponen; no se presentan como concesiones obtenidas ni como derechos automáticamente aplicables a todas las corporaciones. Lo que se implante debería poder revisarse a partir de sus efectos reales.

Habrá quien encuentre insuficiente una solución y habrá quien defienda otra. Cabe discrepar con firmeza. Se puede reconocer al autor y discutir una base de cálculo; defender a una banda que cobra y comprender el esfuerzo de la hermandad que la contrata; pedir transparencia a SGAE y respetar la labor que le corresponde. El diálogo se empobrece cuando obligamos a elegir un bando antes de escuchar una explicación.

La defensa de nuestras bandas y hermandades necesita hacerse oír con esa misma claridad. El amor a una imagen no puede utilizarse para exigir a los músicos que trabajen siempre gratis. La dedicación voluntaria merece que se conozca todo lo que aporta. Las corporaciones han de poder organizar sus cultos y salidas con seguridad, cumpliendo las obligaciones que procedan y acogiéndose a las excepciones que realmente las amparen. Los creadores, por su parte, conservan los derechos que les reconoce la ley, y SGAE puede ejercer la gestión que tenga encomendada dentro de ese marco.

Quedan preguntas que exigen documentos y respuestas precisas. En los hechos que cuentan las fuentes citadas no hay un acuerdo cerrado que podamos dar por alcanzado. Hasta que esas cuestiones se aclaren, conviene distinguir lo que cada parte reivindica de lo que ya le corresponde jurídicamente. Una posición cofrade firme pierde fuerza si se apoya en certezas que después no puede sostener.

Y conviene volver, de vez en cuando, a lo que nos ha traído hasta aquí. A esa marcha que alguien lleva meses ensayando y que otro escribió pensando quizá en una devoción muy suya. Al músico que entró de niño en la banda y sigue volviendo; a la familia que reconoce entre los uniformes a uno de los suyos; a quien espera ver aparecer a su Virgen y descubre que no puede contener la emoción cuando empieza a sonar la música.

Son vivencias que muchos cofrades reconocen. El derecho no se decide por la intensidad con que las sintamos, pero quienes buscan un acuerdo necesitan comprenderlas. Para nosotros, conservar esta música significa también cuidar una manera de rezar, de acompañarnos y de transmitir la fe.

Habrá que hacer cuentas. Los instrumentos cuestan, las formaciones necesitan sostenerse y las obras tienen derechos. En ellas debe encontrar su lugar la banda que reúne poco a poco el dinero de sus uniformes, y también la que lleva años siendo referencia para otras. Debe escucharse a la hermandad de vida sencilla y a la de mayor proyección. Reconocer a quienes han compuesto las marchas forma parte de ese cuidado, igual que pedir una gestión comprensible y ajustada a derecho.

Al final de una procesión, el público se dispersa. Los músicos aún tienen que guardar sus instrumentos y regresar. La hermandad recoge lo que ha hecho falta para la salida. Quien ha escuchado una marcha puede llevársela dentro durante mucho más tiempo. De esa continuidad vivimos también los cofrades: de saber que, cuando llegue de nuevo el día, habrá una banda preparada y una imagen a la que acompañar.

Que podamos seguir encontrándonos allí. Con el nombre del autor reconocido, con los músicos respetados y con nuestras hermandades capaces de mantener viva esa oración que camina por las calles.

El espacio de comentarios queda abierto para aportar experiencias de bandas y hermandades, dudas concretas y propuestas. Nos interesa escuchar también a compositores y a quienes conocen la gestión de estos derechos. Un desacuerdo explicado con respeto puede ayudar a comprender lo que a otro le cuesta; una descalificación difícilmente acercará la solución.